Perdim-me entre as brêtemas do coraçom e as árvores da razom...

Llamamiento a la insurrección contra la mercantilización de la cultura

"Durante el pasado viernes día 8 el Gobierno de España aprobó en el primer Consejo de Ministros del año su paquete de medidas para cerrar webs de descargas, las cuales se escapan completamente de toda lógica. ¿Y en qué va a consistir? Pues de forma resumida y sin haber podido leer la norma (ni yo ni nadie, ya que no se ha publicado, se supone que eso pasará hoy) el proceso será tal que así:

Los propietarios de derechos de autor (particulares o entidades) denunciarán ante una Comisión de Propiedad Intelectual a aquellos sitios que supuestamente infrinjan derechos de autor. Dicha comisión decidirá si infringen o no derechos de propiedad intelectual para, en los casos afirmativos, comunicárselo a los responsables de las webs. En este punto se abre plazo de alegaciones para dichos responsables tras el cual si la comisión administrativa entiende son insuficientes, se ordena la retirada del material protegido de los sitios. Finalmente si las presuntas infracciones persisten, solicitarán autorización ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para bloquear o cerrar la web que toque, Sala que tendrá que resolver en un máximo de cuatro días. Recibida la autorización, la Comisión de Propiedad Intelectual hará efectiva la medida.

Esta es la explicación que más o menos han dado la mayoría de medios de comunicación sobre el nuevo procedimiento, recalcando una y mil veces que ahora aparece la figura del juez en el mismo, una de las cosas que se pedían en el #manifiesto. Pero eso, al igual que otras muchas cosas más que están saliendo en los medios de comunicación de boca de la Ministra de Cultura o algún representante de la asociación protectora de derechos de autor de turno, son verdades totalmente parcializadas y si nos ponemos a rascar un poco resulta que ante lo que realmente estamos es un galimatías administrativo y jurídico con un único objetivo: blindar, más, una industria cultural totalmente obsoleta que no es capaz a sustentar su arcaico modelo de negocio.

Pero estamos a tiempo de intentar frenar esta barrabasada, la normativa aún tiene que pasar por el Parlamento y por el Senado y además el Gobierno también necesita modificar varias leyes más si quiere ponerla en funcionamiento. Es necesario pues hacer entender al resto de fuerzas políticas y ciudadanía ante lo que realmente estamos y para eso esta pequeña “Guía básica de insurrección contra la normativa del Gobierno de España para cerrar webs”, que paso seguidamente a describir.

Tres pilares fundamentales la conforman: el primero, lo leído hasta aquí (una explicación general de la situación y la normativa), el segundo, argumentos contra la norma, el procedimiento y todo lo que les rodea y finalmente el tercero, acciones que puede emprender cualquier ciudadano con conexión a Internet para intentar que esto no llegue a aprobarse. Sin más dilación, al turrón."

Argumentos contra la normativa y el proceso



  • La nueva normativa carece de sentido. La Justicia española ya cuenta a día de hoy con herramientas suficientes para luchar contra los que se salten derechos de propiedad intelectual. Que esta siempre resuelva en contra de la industria no es culpa de nadie y menos de los ciudadanos

  • El poder ejecutivo intenta traspasarse competencias que son propias del judicial y con ello dinamita uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia que es la separación de poderes

  • Se le da rango de derecho fundamental a la propiedad intelectual, algo que debería ser dilucidado con mucha más calma y por varios estamentos y no solamente por el ejecutivo

  • Si la normativa se aprueba, supondrá un agravio comparativo con otros sectores industriales y los propios ciudadanos. ¿Por qué la industria cultural tiene que tener “juicios rápidos” y el resto no?

  • Se va a cargar de más trabajo a la Audiencia Nacional, tribunal excepcional que se ocupa de los casos más graves, como por ejemplo los relacionados con terrorismo o corrupción

  • Los ciudadanos no somos los culpables de que un sector se esté muriendo por el avance tecnológico. Ha pasado lo mismo en innumerables ocasiones a lo largo de la historia y en ninguna se impulsó su supervivencia a base de leyes

  • Quien decidirá en primera instancia si hay o no infracción será una comisión administrativa, no un juez

  • Los jueces pasarán por encima del asunto, no decidirán si determinada web ha vulnerado derechos de propiedad intelectual

  • El proceso puede utilizarse contra cualquier sitio de la red que los demandantes consideren está violando derechos de propiedad intelectual, aunque el Gobierno asegure que solamente se usará contra “no más de 100 webs”

  • El intercambio de archivos o enlaces en sitios para facilitar el intercambio de los mismos no es delito en España. La ley está dando por supuesto que lo anterior es un delito al establecer una comisión para investigarlo

  • La normativa choca o vulnera varios artículos de la Constitución (20, 24.2)

  • No es de recibo que para llevar la nueva norma hacia delante el Gobierno tenga que modificar nada más y nada menos que cuatro leyes, una de ellas la Ley Orgánica del Poder Judicial

  • Porque la propiedad intelectual no es en modo alguno un derecho fundamental, y en ningún caso puede ser puesta por encima de éstos. Montar un enorme aparataje legislativo y judicial para intentar combatir el declive de un modelo de negocio determinado es una auténtica barbaridad.
Texto recogido y modificado de: http://alt1040.com
Véase también: www.enriquedans.com

4 comentarios:

L. Celeiro dijo...

"Acumular información es sólo el primer paso hacia la sabiduría. Pero compartir información es el primer paso hacia la comunidad." Henry Lewis Gate

Me he encontrado con esta cita que me parece cuanto menos apropiada.

Internet LIBRE dijo...

Pretenden hacer de internet una televisión o un periódico, es decir, un medio de comunicación bajo control de un grupo empresarial que a su vez se encuentre apoyado por un colectivo político dentro del bipartidismo de la oligarquía liberal.

Bolchevique dijo...

Libertad de expresión en un mundo perfecto
De: Magistrado Juez XXX YYY, Sala ZZZ, Audiencia Nacional.
A: Comisión de Propiedad Intelectual, Ministerio de Cultura.
Asunto: RE: Autorización Cierre abc.def


Muy Señor mío,

En respuesta a su solicitud de autorización de cierre de la página abc.def, procedo a contestar las dos preguntas que me dirige, siguiendo el reglamento a tal efecto.


1. De si la Comisión posee legitimidad para cursar procedimiento administrativo contra los titulares de la página.

Sorprende a este magistrado la pregunta inicial, ya que la Ley de Economía Sostenible, que creó la Comisión que me remite la solicitud, le dio no sólo legitimidad, sino obligación de cursar las denuncias. Es obvio que sí por tanto, máxime siendo esa es la única finalidad de la sección segunda de la Comisión.


2. De si podría la Comisión proceder al cierre de la página sin peligro del ejercicio de derechos fundamentales.

De la construcción de esta segunda pregunta, sólo puede entender el titular de esta Sala que no se le pide abordar las cuestiones que podrían justificar, en su caso, el cierre de la página, ni dictar resolución de cierre contra esta, si procede, en función de posibles ilicitudes de cualquier índole cometidas a través del citado medio telemático.

Entendiendo por tanto que esta Sala debe ceñirse a los derechos explicitados, es decir, los derechos de expresión e información, tengamos en cuenta que estos tienen su origen en la Constitución Española. Concretamente el Artículo 20.5 aborda el cierre preventivo de medios: "Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial."

Dado que no se está solicitando resolución de cierre a este juzgado, sino que sería la sección segunda de la Comisión, a la que me dirijo, la que resolvería esa medida, y dado que no forma parte dicha Comisión del poder judicial en manera alguna,


RESUELVO:

Que puesto que no puede dictar la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura resolución judicial alguna, sino administrativa, en contra de los requisitos del Artículo 20.5 de la Constitución Española, no cumpliría el cierre de la citada página, ni de ninguna otra, el mínimo rigor democrático de respeto a la libertad de expresión.

Que no se proceda por parte de la Comisión al cierre, suspensión o interrupción alguna del servicio prestado por el medio abc.def, ni de ningún otro medio en Internet sin que se realice el procedimiento judicial oportuno para la salvaguarda de la tutela judicial efectiva.


Madrid a XX de XXXX de XXXX
Magistrado XXX YYY, Sala ZZZ, Audiencia Nacional.

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Autor: Pablo Soto

http://www.pablosoto.com/2010/01/libertad-de-expresion-en-un-mundo.html

A do outro lado da xanela dijo...

Bof... píllasme sen ganas de leer... volverei cando se me pase.

Bico!